La propuesta de Ley Inmobiliaria para Chiapas incorporó contratos homologados, seguros y fianzas como candados en la compraventa de vivienda, informó el 21 de octubre de 2026 en Tuxtla Gutiérrez Armando Ledesma Borja, presidente del Consejo Nacional Inmobiliario y autor de la iniciativa.
El dirigente detalló, en declaraciones recogidas por El Sol de Chiapas, que el proyecto también prevé la capacitación y certificación de los profesionales del ramo, y que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Economía y del Trabajo y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Los contratos modelo obligarían a los intermediarios a tratar directamente con fedatarios públicos y no con gestores notariales.
La ruta que promueve el organismo contempla tres vías: una ley general de cobertura nacional, una ley estatal dependiente de esa norma y una ley estatal autónoma aplicable de inmediato, según Diario de Chiapas. La propuesta se entregó el 1 de junio de 2026 al consejero jurídico del gobierno estatal, Guillermo Nieto Arreola, durante el primer aniversario del consejo, reportó Meganoticias Tuxtla Gutiérrez.
En ese encuentro, Nieto Arreola afirmó que la propuesta «será revisada» y valorada con responsabilidad. Ledesma Borja presentó dos casos para justificarla: un jubilado del sector educativo que sigue pagando un crédito del Fovissste por una vivienda que nunca recibió, y una mujer que destinó más de cuatro millones de pesos a una casa cuya escritura quedó en disputa por una firma presuntamente falsificada. «Ella hizo todo correctamente», dijo el dirigente.
El consejo reúne 123 asociados en Chiapas y capacita a sus miembros con la participación de notarios, jueces y magistrados. Sus contratos modelo fijan penalizaciones para quien incumpla, incluida la pérdida del derecho a cobrar comisiones, según El Sol de Chiapas. Los modelos también fijan obligaciones claras para los intermediarios y buscan reducir irregularidades en los trámites notariales, de acuerdo con el dirigente.
Hasta ahora no se ha hecho público un dictamen ni una fecha de discusión en el Congreso del Estado. La revisión sigue en manos de la Consejería Jurídica. El organismo anticipó que buscará que esos contratos queden como modelos obligatorios en la futura legislación. Mientras la ley no exista, la recomendación del propio consejo es no firmar con gestores y exigir la intervención del notario en la operación.
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